Colombia, país sin Ciencia ni Tecnología

Por Andrés Mauricio Bernal Forigua. Estudiante de Física Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias

Mediante la ley 1286 del 2009, llamada Ley de “Ciencia, Tecnología e Innovación”, el gobierno nacional que presidía Álvaro Uribe, modificó el sistema que regula la ciencia y la tecnología en Colombia, con el objetivo de conformar un esquema, en el que el trabajo investigativo se enmarque bajo los intereses del mercado, y el desarrollo científico y tecnológico, esté acorde con el modelo de producción que hoy impera en Colombia.

Con el beneplácito del congreso, se crea un adefesio, donde artículo tras artículo, se hace explícito que es el sector privado, los llamados a coger las riendas del impulso científico y la investigación, poniéndolo en sintonía con los sectores de la educación y la salud, además de quitarle la responsabilidad al Estado de aportar una financiación adecuada para el fomento del conocimiento científico y una implementación tecnológica acorde a las necesidades de la nación. También despoja a las comunidades científicas y universitarias, la autonomía de construir y ejecutar agendas investigativas, ya que Colciencias financiará principalmente, aquellos proyectos conectados con el sector productivo; sector productivo que si bien se concibe de un modo general, se entiende que son primordialmente las multinacionales que hacen presencia en nuestro país desde el desmantelamiento de la industria, empresariado y agro nacional, consecuencia de la entrada en vigor de la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio con potencias mundiales.

Profundizando en esta ley, se encuentra que, en materia de formación de científicos, ingenieros e investigadores, se ajusta a las necesidades del sistema productivo del país, esto es, formación de mano de obra barata cualificada, capaces de solucionar problemas de carácter inmediato a las multinacionales, incapaces de desarrollar conocimiento y tecnología que saquen al país del letargo infraestructural en el cuál se hunde; en cuanto al modo de financiación del sistema, no se clarifica la procedencia de los recursos, al no haber caracterización y porcentaje discriminado de instituciones y organizaciones públicas, mixtas y privadas que mantengan el sistema, además de darle gabelas tributarias y fiscales a aquellas “instituciones privadas”, promotoras del desarrollo científico-tecnológico; en cuanto al ente que crea las disposiciones del sistema, Colciencias, se transforma en un Departamento Administrativo Nacional, lo que indica que el quehacer científico y el futuro de las agendas investigativas de Colombia se propiciarán desde la casa de Nariño, ajustadas a la sostenibilidad fiscal; en cuanto al desarrollo regional, que en principio estaba enfocado a la solución de las problemáticas de éstas, se reemplaza por los megaproyectos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos, donde son las transnacionales presentes en la región, las ejecutoras de dichos planes. Los anteriores, conjunto a un sinfín de puntos faltantes, hacen de esta Ley, un esquema inapropiado para la nación.

Formar un sistema de Ciencia y Tecnología basándolo en un complejo adecuadamente financiado por el estado; donde el devenir de la investigación, el trabajo científico y el desarrollo tecnológico tenga impactos sobre la sociedad y la nación; que cree una difusión de conocimientos en la población fundamentada en la ciencia; entre otros puntos, es el esquema que hoy le apuesta el Polo Democrático y su Ideario de Unidad. Un sistema que no solo permita el arraigo de una cultura científica y una tecnificación sistemática del país, sino que sea base primordial para el desarrollo de las fuerzas productivas, la consolidación de una industria y un empresariado que vele por la producción y el trabajo nacional.